Cuando Cristina Kirchner anunció con euforia la expropiación de las acciones de YPF en 2012, lo hizo rodeada de banderas, gestos patrióticos y arengas contra “las corporaciones”. Fue, según su relato, un acto de soberanía. Pero como casi todo en el peronismo, lo que se vendió como una gesta histórica terminó siendo una trampa carísima, firmada con torpeza, ejecutada con ideología y que hoy nos condena, una vez más, a pagar con recursos públicos los delirios de poder de una dirigencia irresponsable.
Doce años después, la jueza Loretta Preska en Nueva York acaba de ordenar que la Argentina entregue el 51% de las acciones de YPF como parte de una indemnización a los beneficiarios del juicio por la expropiación. Un fallo gravísimo que nos expone como país, que compromete activos estratégicos y que desnuda, con brutal claridad, la impericia, cuando menos, y el daño provocado por Cristina Kirchner, Axel Kicillof y todo el aparato del peronismo que aplaudió aquella movida sin leer la letra chica.
La historia es simple y escandalosa. En 2012, la Argentina le quitó el control de YPF a Repsol sin seguir las reglas establecidas en el propio estatuto de la compañía. No se hizo una oferta pública de adquisición, no se indemnizó a todos los accionistas de la forma debida, no se cumplió con lo que decía el contrato. Kicillof, el ministro estrella de entonces, dijo con arrogancia que no les importaba lo que pensaran los mercados. “No vamos a pagar lo que ellos quieran”, bramó desde el atril. Hoy la justicia internacional dice exactamente lo contrario: vamos a tener que pagar, y caro.
El fallo de Preska no llega de sorpresa. Es la culminación de años de litigios, advertencias ignoradas y un juicio que la Argentina perdió de manera humillante. No es un accidente: hicimos todo mal. Porque el kirchnerismo manejó el Estado como si fuera un club de amigos, con ideología y soberbia en lugar de profesionalismo y previsión jurídica. Porque usaron la excusa del nacionalismo energético para montar un show de propaganda que terminó con las arcas vacías y la credibilidad destruida.
Lo más indignante es que esta catástrofe la vamos a pagar todos los argentinos, no quienes tomaron las decisiones. No Cristina, que se pasea por tribunales haciéndose la perseguida. No Kicillof, que sigue gobernando la provincia más grande del país como si nada hubiese pasado. No los senadores ni diputados que levantaron la mano para votar la expropiación sin preguntar cómo ni cuánto iba a costar. El costo lo pagará el Estado, es decir, nosotros: con deuda, con activos, con pérdida de soberanía real.
Lo de YPF es un símbolo de todo lo que el kirchnerismo hizo con el país: disfrazar de “modelo” lo que fue improvisación; venderse como “progresistas” mientras endeudaban al Estado en silencio; hablar de “independencia económica” mientras firmaban acuerdos ruinosos con Chevron, China o Irán. Siempre con un enemigo al que echarle la culpa, y nunca con la humildad de reconocer un error.
El petróleo, que iba a ser la llave del desarrollo, se convirtió en otro agujero negro. Y ahora, por decisión de una jueza extranjera, el propio Estado argentino debe entregar la mayoría en la empresa que dijo “recuperar para todos”.
La épica terminó en destrucción. La soberanía terminó en papelón judicial. Y los mismos que causaron el desastre siguen hablando como si nada.
Son ellos, no Preska, los verdaderos saqueadores del patrimonio nacional.
