En las últimas horas, hemos visto un nado sincronizado de indignación en ciertos sectores del periodismo tradicional. ¿El motivo? La creación de una cuenta en la red social X por parte del gobierno de Javier Milei, titulada «Oficina de Respuesta Oficial». Inmediatamente, se encendieron las alarmas de la «libertad de expresión», acusando a la actual administración de persecución, aprietes y censura.
Vamos a poner las cosas en su lugar, con datos y sin relato.
Desmentir no es censurar. Corregir un dato falso no es un apriete. Exponer una mentira no es un ataque a la libertad de prensa; es, de hecho, un ejercicio de sanidad democrática. La libertad de expresión es un derecho sagrado, pero no incluye el derecho a mentir impunemente sin que la parte afectada pueda ejercer su legítimo derecho a réplica.
El periodismo no es una casta sagrada. Es una actividad esencial para la república, sí, pero no está exenta de errores, sesgos ni malas prácticas. Cuando un medio publica información falsa o engañosa, señalarlo no es “apretar”. Es ejercer el mismo derecho que el periodismo reclama para sí: el derecho a cuestionar.
Lo que realmente molesta a algunos no es el «tono» ni el «medio», sino la pérdida del monopolio de la verdad. Durante décadas, un titular malicioso podía instalarse como verdad absoluta. Hoy, la respuesta es inmediata y pública. Yo mismo llevo años haciendo este trabajo: tomando la noticia, contrastándola con la realidad, yendo al archivo y dejando en evidencia al periodismo de desinformación. Si un ciudadano puede hacerlo con un celular, ¿por qué el Gobierno no tendría la facultad institucional de aclarar los tantos?
Pero lo más cínico de esta indignación selectiva es la memoria a corto plazo. Si quieren hablar de ataques a la prensa, de censura real y de aprietes, tenemos que hablar de lo que vivimos durante los años del kirchnerismo. Porque no, no es lo mismo un tuit rectificando una cifra que el aparato estatal moviéndose para aplastar voces disidentes.
¿Se olvidaron de lo que es un verdadero apriete?
- Apretar es mandar a la AFIP a perseguir a periodistas críticos y a sus familias para ahogarlos financieramente.
- Censura y odio es organizar juicios públicos en Plaza de Mayo, incitando a que niños escupan carteles con los rostros y nombres de periodistas opositores. Eso es violencia simbólica y real.
- Persecución es presionar a los dueños de medios para que echen a periodistas de sus trabajos porque sus preguntas incomodaban al poder de turno.
- Autoritarismo es crear NODIO, un intento explícito de vigilar y controlar qué se decía y qué no en los medios, bajo la excusa de combatir el «discurso de odio».
- Delito es utilizar los servicios de inteligencia y el poder del Estado para espiar ilegalmente a quienes pensaban distinto.
Lo que buscaron durante años fue instaurar una verdadera policía del pensamiento. No les bastaba con discutir; querían imponer una hegemonía donde pensar distinto no solo estaba mal, sino que debía ser castigado. Pretendían monitorear nuestra subjetividad, decirnos qué palabras usar y qué temas tocar, actuando como comisarios de la moral pública para disciplinar a cualquiera que se atreviera a salirse del libreto oficial.
Eso era amedrentar. Eso era utilizar la fuerza del Estado para silenciar. Comparar esas atrocidades institucionales y esa vocación totalitaria con una cuenta de Twitter que dice «esto es falso, el dato real es este», no solo es una exageración ridícula, sino una falta de respeto a quienes verdaderamente sufrieron la persecución.
La «Oficina de Respuesta Oficial» no te manda una inspección fiscal, no te pincha el teléfono y no pide tu cabeza en un canal de televisión. Simplemente, contesta. Y en una república sana, el debate público se nutre de la verdad, no de operaciones de prensa que quedan sin respuesta.
A la desinformación se la combate con información. Al dato falso se lo mata con el dato duro. Quienes hoy gritan «censura» ante una simple desmentida, quizás lo que realmente extrañan es el silencio de los corderos. Pero esos tiempos, afortunadamente, se terminaron.
